Dos artefactos explotaron el sábado en una ciudad del norte de México fronteriza con Estados Unidos donde los cuerpos de los 72 inmigrantes ilegales masacrados en una finca a comienzos de la semana están en proceso de identificación.

"Fueron dos explosivos diferentes con una distancia de una cuadra. Estamos realizando las investigaciones, no sabemos de qué tipo de artefactos se trata", dijo a la AFP bajo anonimato una fuente de la fiscalía estatal.

Los artefactos explotaron casi simultáneamente en el centro de la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas y fronteriza con Estados Unidos, a unos ocho kilómetros de la funeraria donde fueron trasladados los cadáveres de los inmigrantes indocumentados.

La alcaldía de Reynosa confirmó el hecho en su sitio de internet, invitando a la población a evitar circular por la zona.

Una tercera explosión se registró a 250 metros del puente internacional Reynosa-Hidalgo, según el diario capitalino Reforma, aunque las autoridades locales no confirmaron de inmediato la información.

Dos coches bomba habían estallado en la noche del jueves al viernes, sin causar víctimas, delante de un puesto de policía y una estación de televisión en Ciudad Victoria, la capital del estado, a 150 km de San Fernando, donde se encuentra la finca donde sucedió la masacre de los inmigrantes.

En medio de estos hechos de violencia, "se sigue trabajando en el proceso de identificación en colaboración con las autoridades de otros países", declaró el portavoz del gobierno de México en materia de seguridad, Alejandro Poiré.

Hasta el momento han sido reconocidos 31 de los 72 cuerpos -entre ellos 14 hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño- porque al parecer eran los únicos que portaban documentos de identidad.

Sólo un ecuatoriano de 18 años sobrevivió a la matanza, y, según una fuente de la Procuraduría General de la República, el joven declaró en días pasados que los agresores pertenecen al cártel de Los Zetas, quienes abrieron fuego cuando los inmigrantes se negaron a ser reclutados.

De allí que se sospecha que los atentados de las últimas horas, que no han sido reivindicados, sean un desafío de esta peligrosa banda narcotraficante, dos de cuyos miembros fueron abatidos durante la redada militar a la finca donde tuvo lugar la masacre de los indocumentados.

Representantes de los países de los que eran originarias las víctimas viajaron a Reynosa para participar en la identificación de los cuerpos.

La matanza ocurrida en Tamaulipas provocó que gobiernos de Centroamérica y organismos internacionales retomaran sus demandas al gobierno mexicano de garantizar la protección de los derechos de los emigrantes.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, tras condenar este sábado la masacre, pidió a su par mexicano Felipe Calderón una reunión para tratar el refuerzo de la lucha contra el crimen organizado.

"La demencial matanza acaecida en el Estado de Tamaulipas ha conmocionado a nuestros países y a la comunidad internacional, y constituye una muestra de la magnitud que ha alcanzado el accionar de las bandas del crimen organizado" en México, señaló Funes en una carta enviada a Calderón.

El mandatario salvadoreño enfatizó que las familias de las víctimas "esperan de nuestros gobiernos respuestas efectivas y castigos ejemplares para recuperar la paz en sus corazones".

La titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, había denunciado que de los 400.000 emigrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, "la mayoría es víctima de redes trasnacionales de contrabando, trata de personas y tráfico de drogas; muchos de esos migrantes nunca alcanzan sus destinos".

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